Cuando la seguridad se vuelve símbolo de división
La confrontación entre un asambleísta y militares expone la fragilidad de la legitimidad institucional en tiempos de crisis de seguridad.
En un país marcado por la violencia, la militarización de las calles y la creciente desconfianza hacia las instituciones, el incidente protagonizado por el asambleísta Roberto Cuero y miembros de las Fuerzas Armadas no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple escándalo político. La confrontación registrada en video, ocurrida durante un procedimiento militar en Guayaquil y recientemente viralizada, abre un debate más profundo sobre autoridad, legitimidad y el delicado equilibrio entre seguridad y derechos en el Ecuador contemporáneo.
Las imágenes muestran un momento de tensión durante un operativo. La esposa del legislador increpa y golpea a un uniformado, mientras el asambleísta responde con expresiones ofensivas hacia los militares. Posteriormente, Cuero defendió su reacción señalando que actuó ante lo que considera un procedimiento irregular contra su hijo. El hecho escaló rápidamente al pleno de la Asamblea Nacional, donde sectores del oficialismo impulsaron un pedido de disculpas públicas por considerar que se atentó contra la institucionalidad.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en la conducta individual ni en la discusión parlamentaria posterior. Lo que este episodio revela es una fractura más profunda: la tensión permanente entre una ciudadanía que vive con miedo y un Estado que responde con presencia armada en las calles.
Ecuador atraviesa uno de los periodos más complejos en materia de seguridad. La expansión del crimen organizado, el aumento de homicidios y el control territorial de bandas han obligado al gobierno a reforzar operativos militares en zonas urbanas. Esta estrategia ha sido respaldada por quienes demandan acciones contundentes frente a la violencia, pero también ha generado inquietudes sobre los límites del uso de la fuerza en tareas de orden interno.
En este contexto, cada intervención militar no solo es un procedimiento operativo, sino también un acto simbólico. Representa la autoridad del Estado frente a una sociedad que exige protección, pero que al mismo tiempo cuestiona posibles excesos. Cuando esa autoridad es confrontada públicamente, el debate deja de ser técnico y se convierte en político.
La reacción legislativa posterior demuestra cómo la seguridad se ha transformado en un terreno de disputa discursiva. Para unos, el incidente constituye una falta de respeto inadmisible hacia quienes arriesgan su vida en operativos. Para otros, es la expresión de una reacción ante lo que se percibe como abuso. En ambos casos, la narrativa se impone sobre el análisis estructural.
Lo preocupante es que el debate se centre en la confrontación personal y no en las condiciones que permiten que estos conflictos ocurran. ¿Existen protocolos claros y visibles para los procedimientos militares en zonas residenciales? ¿Hay mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas? ¿Se ha construido suficiente confianza entre la fuerza pública y la ciudadanía?
La legitimidad de la autoridad no se sostiene únicamente en el poder coercitivo. Se construye a partir de la confianza social. Cuando esa confianza es frágil, cualquier procedimiento puede derivar en confrontación. Y cuando la confrontación se politiza, el problema se amplifica.
El caso también evidencia la responsabilidad simbólica de los actores públicos. Un representante político no actúa en un vacío. Sus reacciones envían mensajes que pueden reforzar o debilitar la percepción institucional. En un clima de alta polarización, cada gesto adquiere dimensión política. La prudencia, en estos escenarios, no es una virtud opcional sino una obligación ética.
Pero sería simplista atribuir todo el conflicto a una conducta individual. La sociedad ecuatoriana vive bajo una presión constante producto de la inseguridad. El miedo modifica percepciones y acelera respuestas emocionales. La presencia armada puede generar tranquilidad en algunos sectores y desconfianza en otros. Esa dualidad es el reflejo de una crisis que no se resuelve únicamente con despliegue militar.
La seguridad requiere legitimidad democrática. Implica autoridad, pero también transparencia. Exige firmeza frente al delito, pero respeto irrestricto a los derechos. Cuando uno de estos elementos se debilita, la relación entre Estado y ciudadanía se deteriora.
Además, la rápida escalada política del incidente confirma que la polarización atraviesa todas las instituciones. En lugar de convertirse en una oportunidad para revisar protocolos y fortalecer mecanismos de control, el hecho se transformó en un episodio de confrontación partidista. Esta dinámica erosiona el debate público y reduce problemas estructurales a disputas coyunturales.
El desafío de Ecuador no es únicamente combatir el crimen organizado. Es reconstruir la confianza en el Estado. Sin confianza, la autoridad pierde legitimidad. Sin legitimidad, la seguridad se vuelve frágil. Y sin seguridad integral, la democracia se debilita.
El incidente entre el asambleísta y los militares debería servir como punto de reflexión sobre la necesidad de establecer límites claros, fortalecer la capacitación de la fuerza pública y promover canales de diálogo institucional. No se trata de justificar agresiones ni de relativizar responsabilidades, sino de comprender que la estabilidad social depende de una relación equilibrada entre autoridad y ciudadanía.
Mientras la seguridad continúe siendo utilizada como arma discursiva en la arena política, el problema de fondo seguirá intacto. La violencia no se reduce con confrontaciones simbólicas, sino con políticas integrales, coherencia institucional y responsabilidad pública.
En tiempos de crisis, la autoridad debe ser firme, pero también legítima. Y la legitimidad no se impone: se construye.
Fátima Morales Cruz
Estudian
te de comunicación social
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